La administración del expresidente Donald Trump estaría analizando un nuevo acuerdo de asilo con el gobierno de El Salvador, que permitiría la deportación de migrantes no salvadoreños hacia el país centroamericano. Según un reportaje de CBS News, basado en dos fuentes familiarizadas con las negociaciones, el acuerdo de tipo «Tercer país seguro» facilitaría a los funcionarios de migración de Estados Unidos deportar a inmigrantes de otras nacionalidades, incluyendo presuntos miembros de pandillas transnacionales como el Tren de Aragua.
Este acuerdo revive el que fue firmado en 2019 entre el gobierno de Trump y el presidente Nayib Bukele, cuyo propósito era permitir el asilo a migrantes provenientes de Guatemala y Honduras. Sin embargo, dicho acuerdo fue suspendido en febrero de 2021 con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. A pesar de los retrasos en la implementación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. anunció en diciembre de 2020 que ambos países habían culminado las negociaciones necesarias para llevar a cabo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).
De acuerdo con CBS, la relación cercana entre Bukele y Trump podría ser un factor crucial para avanzar en estas nuevas negociaciones, especialmente debido a la popularidad del presidente salvadoreño entre los salvadoreños y conservadores estadounidenses, especialmente por sus políticas de seguridad, como el régimen de excepción que implementó para combatir las pandillas desde marzo de 2022. Trump y Bukele sostuvieron una conversación telefónica la semana pasada en la que acordaron colaborar para frenar la inmigración ilegal y tomar medidas más enérgicas contra pandillas como el Tren de Aragua.
La Casa Blanca también destacó la “lucha enérgica” contra el crimen organizada y la migración ilegal, elogiando el liderazgo de Bukele en la región y la manera en que su gobierno ha manejado el fenómeno de las pandillas.
Esta negociación se da en un contexto donde la administración Trump ha intensificado la deportación de migrantes, con aviones militares que ya han sido enviados a países como Guatemala y Colombia. Sin embargo, el gobierno de Colombia ha rechazado vuelos con deportados, lo que ha generado una crisis diplomática, con amenazas de aranceles y restricciones de visado por parte de EE. UU
