La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para establecer disposiciones especiales que eliminen la obligatoriedad de incluir plazas de estacionamiento en los proyectos de construcción y desarrollo, tanto públicos como privados. La medida apunta a simplificar los trámites administrativos relacionados con la obtención de permisos, licencias y autorizaciones, con el fin de facilitar la ejecución de actividades productivas y de inversión en el país.
Durante la sesión de la comisión, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, respaldó la iniciativa al señalar que el sector construcción es uno de los principales motores de la economía salvadoreña. “El sistema estaba diseñado para que solo unos pocos pudieran construir e invertir, pues había mucha burocracia y leyes que en lugar de incentivar, frenaban la inversión”, indicó.
Sol explicó que la propuesta no busca eliminar los estacionamientos, sino hacerlos opcionales, lo que permitiría a los desarrolladores mayor flexibilidad para planificar sus proyectos. “Cada parqueo de interés social aumenta $10,000, y este costo lo termina pagando el consumidor final”, subrayó la ministra, al destacar que la medida busca también ofrecer viviendas más accesibles para la población.
La normativa estaría dirigida a todas las instituciones involucradas en la planificación urbana y autorización de proyectos, incluyendo municipalidades, oficinas de gestión territorial, entidades autónomas y organismos gubernamentales. Una vez aprobada, estas instancias no podrán exigir la construcción de estacionamientos como requisito para emitir permisos, salvo en casos específicos.
Entre las excepciones, se establece que deberán garantizarse espacios de parqueo para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia, en cumplimiento de principios de inclusión y accesibilidad universal. Asimismo, los desarrolladores que opten por incorporar estacionamientos deberán respetar los estándares técnicos ya vigentes.
La normativa también contempla sanciones para funcionarios públicos que incumplan estas nuevas disposiciones. Quienes obstaculicen el otorgamiento de permisos por la falta de parqueos, podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos. El procedimiento sancionatorio aplicable será el simplificado, establecido en el artículo 158 de dicha ley.
Esta reforma pretende no solo reducir trabas burocráticas y fomentar la inversión, sino también responder a la necesidad de un desarrollo urbano más eficiente y accesible.
