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Diputados avalan dictamen favorable para “Ley del Agua”

Los diputados de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa aprobaron el dictamen favorable del proyecto de ley del agua. Luego de dos meses de silencio sobre el marco jurídico, los diputados acordaron incluir a las juntas de agua en la “Ley General del Recurso Hídrico”.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, solicitó durante la última comisión del agua que se reconociera a dichas juntas.

“Mi propuesta es primero definir qué es una junta de agua en el artículo 41, que es: se entenderá por junta de agua a aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro con personería jurídica que tienen por finalidad prestar el servicio de agua potable y al saneamiento a las comunidades”, manifestó el diputado Guevara.

El legislador señaló que la inclusión de la figura de las juntas de agua es para cumplir con el articulado del proyecto de ley y las recomendaciones de entidades internacionales.

“Gracias a toda la comunidad internacional, organizaciones y universidades por los insumos brindados en cada sesión”, añadió Sandra Yanira Martínez, diputada de Nuevas Ideas.

Por su parte, la diputada Dina Argueta, del FMLN, pidió que se creara un capítulo completo sobre las juntas de agua para dar herramientas.

“Ahora que se trae una propuesta sobre las juntas de agua sería bueno que se incorpore un capítulo completo con el tema de las juntas porque no solamente es definir qué es una junta de agua, el punto es cómo le das a las juntas de agua las garantías para llevar agua a las comunidades”, aseveró Argueta.

La diputada señaló que el articulado del proyecto de ley debe tomar en cuenta que las juntas de agua no cuentan con la capacidad financiera que otros sectores productivos que se lucran del líquido.

Las juntas de agua abastecen a al menos 1.5 millones de salvadoreños en El Salvador. Los diputados también acordaron dar a las juntas de agua un plazo de vigencia de 15 años para uso y explotación del líquido.

No obstante, representantes de juntas de agua habían solicitado que los permisos para uso y explotación del agua fueran de 50 años para dar seguridad a las comunidades que no obtienen agua de entidades del Estado.