El decomiso histórico de droga registrado esta semana no solo representa un golpe al narcotráfico, sino también un impacto económico millonario que incide directamente en las finanzas de las estructuras criminales que operan en la región.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó que en lo que va de 2026 las autoridades han incautado más de siete toneladas de estupefacientes, cifra que se consolidó tras la reciente operación marítima del 13 de febrero, considerada la más grande ejecutada en el país.
Durante una conferencia ofrecida en la base naval de La Unión, el funcionario detalló que el volumen decomisado equivale a aproximadamente 22 millones de dosis que no ingresarán al mercado ilícito. Desde la perspectiva financiera, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino, precisó que el total incautado asciende a 7.41 toneladas, con un valor estimado de 184.5 millones de dólares. Solo el cargamento interceptado esta semana —6.6 toneladas de presunta cocaína— está valorado en 165 millones de dólares, lo que representa cerca de 19.8 millones de dosis.
Las autoridades subrayan que estas cifras reflejan no solo un avance en materia de seguridad, sino un severo impacto en las economías ilegales que financian redes criminales transnacionales. “Estos resultados están sirviendo de ejemplo para otros países”, afirmó Villatoro, al señalar que el debilitamiento financiero de estas organizaciones es clave para reducir su capacidad operativa.
El anuncio del operativo fue realizado el domingo por la noche por el presidente Nayib Bukele, quien confirmó que la Marina Nacional interceptó un Buque de Apoyo Multipropósito con bandera de Tanzania a 380 millas náuticas —unos 703.7 kilómetros— al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque.
En la embarcación fueron capturados diez presuntos implicados: cuatro ciudadanos colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. Dos de los detenidos registran antecedentes relacionados con narcotráfico, según información oficial.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República y la División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía Nacional Civil iniciaron el peritaje de los 330 bultos incautados para confirmar la sustancia. Concluido el análisis, los sospechosos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas.
Más allá del componente judicial, especialistas coinciden en que el decomiso representa una afectación directa a flujos ilícitos de capital que, de haber llegado a su destino, habrían dinamizado economías criminales en distintos mercados. La operación, por su magnitud y valor, redefine el balance financiero del narcotráfico en la zona y refuerza la estrategia estatal de interdicción marítima como herramienta de contención económica del crimen organizado.