El Banco Davivienda brindó un comunicado prensa, anunciando que acatará el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de pagar al empresario José Antonio Salaverria más de $49.3 millones, por el incumplimiento a un convenio firmado entre Salaverría y tres instituciones financieras.

“Banco Davivienda procederá a cumplir lo ordenado por la Sala de lo Civil de la forma y modo que se defina en el tribunal respectivo”, expresan las autoridades de la institución bancaria en el comunicado.

Postura contraria a la de sus abogados, quienes pretendían llevar al Estado salvadoreño a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por una supuesta retardación de justicia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); pero, este planteamiento no procede porque la Sala emitió una sentencia conforme a los plazos establecidos por la ley.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recientemente, declaró improcedente la demanda de amparo que el bufete de abogados interpuso para tratar de revertir el fallo del pago de $49.3 millones que el banco Davivienda debe hacer a José Antonio Salaverría; el cual por varios años el banco Davivienda trató de dilatar para evitar hacer ese desembolso

El Juzgado Primero de lo Mercantil ha ordenado que Davivienda antes HSBC pague esa cantidad de dinero a Salaverría en concepto de indemnización, por daños y perjuicios ocasionados al embargarle de forma arbitraria beneficios de café y otras propiedades, por un supuesto incumplimiento de pago por parte del empresario.

Este caso, marca un precedente para el caso de QUIMAGRO y SCOTIABANK (ahora Banco Cuscatlán El Salvador, SA), el cual tiene alrededor de 30 años y que inició cuando la empresa dedicada al rubro de los pesticidas, fue embargada por el Scotiabank, antes Banco de Comercio, al no solventar una deuda de 40 mil dólares.

Sin embargo, en el 2013, la Sala de lo Civil, condenó a SCOTIABANK al pago de daños y perjuicios a favor de QUIMAGRO y dio por finalizado el contrato de administración que hasta la fecha de esa sentencia seguía vigente, que hacía al banco responsable del manejo de la empresa y que llevó a la empresa a la quiebra.

Incluso, se conocen documentos públicos que prueban que un alto gerente regional del SCOTIABANK pidió reunirse con magistrados de la Sala de lo Constitucional, en el año 2019. Junto con él, Carlos Quintanilla Smith, ex Vice Presidente de la República y director de SCOTIABANK, para esa fecha, así como Gustavo Campos, director jurídico del banco, y ex Coordinador de la Sala de lo Constitucional.