En un caso que ha capturado la atención pública, Stephanie Marjorie Amaya Rosales y tres individuos enfrentan cargos por propinar una brutal golpiza a un joven en la Zona Rosa, además de supuestamente distribuir drogas. La Fiscalía General de la República ha cuestionado la procedencia de grandes sumas de dinero, presumiblemente provenientes de actividades ilícitas, aunque la defensa sostiene que dichos fondos derivan del salario mensual de Amaya Rosales como «bailarina profesional», que asciende a más de $3,000.
La imputación de la Fiscalía incluye cargos por desórdenes públicos, formación de grupos delictivos, así como actos preparatorios, proposición y conspiración para el tráfico de estupefacientes. Se señala a Amaya Rosales como la responsable de «promocionar» a Jonathan Wilfredo Bermúdez, su pareja, y la droga que supuestamente él vendía en la Zona Rosa, basándose en conversaciones y estados de WhatsApp extraídos de su teléfono celular.
Durante la audiencia preliminar, una de las fiscales del caso afirmó: «Stephanie Marjorie Amaya Rosales era la encargada de promocionar al señor Bermúdez y de hacerle la publicidad necesaria para que este pudiera tener los clientes necesarios y comercializar los ilícitos». La fiscal presentó imágenes de Amaya Rosales con grandes sumas de dinero, coincidentes con registros telefónicos de Bermúdez y acompañadas de pequeñas porciones de marihuana.
Según la Fiscalía, Amaya Rosales ofrecía drogas como marihuana y cocaína a sus contactos, siendo considerada como «colaboradora» de una estructura dedicada a este propósito. El abogado defensor, Gustavo Huezo, argumentó que las cantidades de dinero cuestionadas por la Fiscalía no son inusuales, ya que corresponden al salario de su cliente como bailarina profesional.
Huezo destacó que la Fiscalía no pudo relacionar el dinero con actividades ilícitas y solicitó la absolución de los acusados debido a la falta de pruebas contundentes. Se resaltó que la Fiscalía no incautó drogas ni presentó testigos que respaldaran la afirmación de que los acusados estuvieran involucrados en una estructura delictiva.
Los cuatro procesados, David Ernesto Avilés Guevara, Kelvin Alexander Melgar, Jonathan Wilfredo Bermúdez y Stephanie Marjorie Amaya Rosales, se mantienen bajo medidas sustitutivas a la detención. La Fiscalía ha pedido que sean enviados a juicio y que se mantengan las medidas cautelares vigentes.
