La elección de los próximos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) continúa en la Asamblea Legislativa, donde la Comisión Política recibió a cuatro de los 18 profesionales que aspiran a ocupar una de las tres magistraturas del organismo contralor. Los funcionarios electos deberán asumir sus cargos el próximo 28 de agosto.
Durante las entrevistas, los candidatos expusieron su experiencia profesional y plantearon medidas orientadas a modernizar la institución, fortalecer la fiscalización de los fondos públicos y mejorar los procesos relacionados con el juicio de cuentas.
Entre los postulantes estuvo Gonzalo Octavio Ayala López, abogado con cerca de tres décadas de trayectoria en el sector público y experiencia dentro de la propia Corte de Cuentas. Su propuesta incluye avanzar hacia una institución digitalizada, adecuar la legislación a las necesidades actuales y promover cambios que impidan la prescripción de delitos relacionados con corrupción.
También compareció Boris Romeo García Alvarado, abogado y notario de 38 años, con experiencia en distintas áreas del sector público y actualmente asesor externo de la CCR. Planteó reforzar la fiscalización de la hacienda pública y la función jurisdiccional mediante herramientas tecnológicas, además de fortalecer la capacitación del personal para elevar la calidad de los informes institucionales.
Por su parte, Luis Humberto Santos Guardado, quien ha trabajado en el Ministerio de Economía y la Fiscalía General de la República, centró sus propuestas en la actualización de las normas que rigen a la Corte de Cuentas y en la reducción de los procesos pendientes. También planteó crear una unidad especializada para atender la mora y reforzar las acciones contra la corrupción en los casos que permanecen en segunda instancia.
El cuarto entrevistado fue Raúl Pareja Méndez, abogado y notario con una maestría en Derecho Penal Económico y 18 años de experiencia judicial. Vinculado a la CCR desde 2019, propuso modificar el modelo de fiscalización para incorporar mecanismos preventivos y de gestión de riesgos que permitan identificar irregularidades antes de que se produzca un uso indebido de recursos públicos.
Pareja también consideró necesario sustituir el actual marco normativo por una nueva Ley de la Corte de Cuentas y una Ley Procesal de Juicio de Cuentas. A su juicio, estas reformas permitirían actualizar la regulación de la función jurisdiccional, cuyo reglamento vigente data de 2002.
La Comisión Política continuará con las entrevistas a los demás aspirantes antes de definir la terna que será sometida a votación para completar las tres magistraturas de la institución.
