La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa continúa el estudio del anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026 y este viernes recibió al presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Sosa, quien detalló la distribución y objetivos del presupuesto solicitado por la institución para el próximo año.
La CCR, ente responsable de fiscalizar la Hacienda Pública y supervisar la ejecución presupuestaria, requerirá $55,820,585 para su funcionamiento en 2026. La cifra representa un incremento de $5,371,646 respecto al presupuesto vigente, que asciende a $50,448,939.
Distribución del presupuesto
El titular de la Corte explicó que los recursos se dividirían en dos unidades presupuestarias:
1. Dirección y Administración Institucional
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Asignación: $26,198,290 (46.93 %)
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Líneas de trabajo:
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Dirección Superior: $322,360
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Administración General: $25,875,930
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2. Control y Auditoría de la Gestión Pública
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Asignación: $29,622,295 (53.07 %)
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Líneas de trabajo:
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Auditoría: $23,088,785
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Juicio de Cuentas: $6,533,510
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Metas institucionales para 2026
Sosa destacó que uno de los principales objetivos de la institución es modernizar los procesos de fiscalización, incorporando nuevas tecnologías y estándares internacionales.
Entre las acciones previstas se encuentran:
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Actualización del Sistema Integrado de Auditoría Gubernamental (SIAG-CCR) para incluir exámenes especiales y auditorías de gestión.
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Avances en el Sistema Electrónico Jurisdiccional (SIJC-CCR), que permitirá realizar juicios de cuentas en formato digital en Primera Instancia.
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Implementación de un Sistema de Auditoría Virtual, con el objetivo de ejecutar controles a distancia, incluyendo procesos vinculados al servicio exterior.
El presidente de la CCR también enfatizó el fortalecimiento del trabajo en materia de anticorrupción, destacando la creación de una dirección de enlace con el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC) y el Centro Nacional Anticorrupción.
“El 9 de diciembre de 2025 lanzamos la Dirección Anticorrupción de la Corte de Cuentas de la República, la cual va a trabajar de manera articulada con el SINAC y con la Fiscalía General de la República (FGR)”, afirmó Sosa.
El funcionario agregó que el presupuesto 2026 contempla robustecer esta área para prevenir y detectar irregularidades en ministerios, autónomas y municipalidades. También se consolidará la Dirección de Cumplimiento y Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, para reforzar la política de tolerancia cero al soborno.
Capacitación y profesionalización
Otra de las metas relevantes es ampliar el Programa de Capacitación en Aulas Virtuales, para fortalecer las competencias técnicas y éticas del personal público.
Según Sosa, 5,590 servidores públicos han sido capacitados hasta la fecha. Para 2026, la meta es formar a más de 8,000 empleados de toda la administración pública.
