La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) dejó formalmente de existir como organismo con personalidad jurídica internacional luego de la salida de los tres Estados parte que permanecían vinculados al convenio constitutivo. Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025, Honduras formalizó su denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador concluyó el proceso el 20 de mayo de 2026, provocando el cese de operaciones del principal órgano jurisdiccional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Con sede en Managua, Nicaragua, la CCJ tenía entre sus principales funciones resolver controversias entre Estados miembros, emitir opiniones consultivas y contribuir al desarrollo jurídico del proceso de integración regional. Sin embargo, durante sus años de funcionamiento enfrentó cuestionamientos sobre el alcance de sus resoluciones, su efectividad y la falta de respaldo de algunos gobiernos centroamericanos, que en distintos momentos consideraron que sus fallos no eran aplicables.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en 2012, durante la crisis institucional en El Salvador, cuando la CCJ intervino en el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La actuación del tribunal regional generó un intenso debate sobre sus competencias, luego de que el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, buscara utilizar esa instancia para desconocer resoluciones del máximo tribunal constitucional salvadoreño.
Durante la última década, la Corte enfrentó además dificultades para mantener consensos políticos entre los países de la región y operó con un número limitado de Estados miembros. Tras los retiros de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el portal oficial del organismo dejó de estar disponible y sus plataformas digitales permanecen sin actualizaciones, evidenciando la interrupción de sus actividades.
Especialistas en integración regional señalan que el cierre de la CCJ refleja el debilitamiento de algunos mecanismos institucionales del SICA y plantea nuevos retos para la solución de controversias entre los países centroamericanos. La desaparición del tribunal abre un debate sobre la necesidad de crear o fortalecer nuevas herramientas jurídicas que permitan garantizar la cooperación y la estabilidad del proceso de integración regional.
