La derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, impulsada por el Órgano Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa, ha generado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Esta reforma, que elimina la deuda política como mecanismo de financiamiento para los partidos políticos, ha dividido a políticos, analistas y distintos sectores de la sociedad, con posturas encontradas sobre sus implicaciones para la democracia y la transparencia electoral en El Salvador.
El artículo 210 estipulaba que la deuda política era una fuente de financiamiento destinada a garantizar la libertad e independencia de los partidos políticos. Su eliminación ha desatado intensos debates en la Asamblea Legislativa y en el ámbito público.
Denuncias de uso indebido de la deuda política
Uno de los señalamientos más destacados y viralizados en redes sociales durante este proceso fue el de la diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, quien acusó a miembros de su propio partido de utilizar fondos provenientes de la deuda política para fines personales. Villatoro insinuó que la dirigencia de ARENA utilizó estos recursos para financiar un viaje personal, durante el cual incluso se llevó a cabo una propuesta de matrimonio.
“Es dinero que la población salvadoreña ha dado para garantizar la democracia, y no para que andemos viajando por todo el mundo con dinero que no nos corresponde”, expresó Villatoro durante la plenaria 43 de la Asamblea Legislativa, donde denunció el uso indebido de los recursos públicos.
A pesar de las críticas, ARENA defendió la deuda política, argumentando que su existencia es fundamental para mantener la democracia representativa. Según el partido, este mecanismo permite una competencia electoral más equitativa, asegurando que los partidos reciban financiamiento proporcional a los votos obtenidos.
Críticas a la eliminación de la deuda política
La decisión de eliminar la deuda política ha sido ampliamente debatida en El Salvador. Diversos actores políticos y analistas han expresado su preocupación sobre las implicaciones de esta reforma. El politólogo Óscar Peñate señaló que muchos partidos tradicionales construyeron sus estructuras con el propósito de beneficiarse económicamente de la deuda política, lo que, a su juicio, representa un abuso de los recursos destinados a la democracia.
En esa misma línea, la organización Acción Ciudadana emitió un comunicado en el que se pronunció en contra de la eliminación de este mecanismo de financiamiento. Argumentaron que la medida podría consolidar un sistema político hegemónico, afectando el pluralismo y limitando las oportunidades de los partidos pequeños para competir en elecciones debido a la falta de recursos.
Por su parte, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, también criticó la reforma, considerándola una estrategia para concentrar el poder en el oficialismo. Ortiz sostuvo que la discusión sobre la deuda política debió darse en un contexto más democrático y sugirió que el gobierno y el partido Nuevas Ideas ya habían cobrado la deuda antes de su eliminación. Según sus declaraciones, a su partido le habrían correspondido aproximadamente 27 millones de dólares.
Reacciones internacionales
La reforma no solo ha tenido repercusiones dentro de El Salvador, sino que también ha captado la atención a nivel internacional. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, conocido por su postura crítica hacia el gasto público, celebró la medida, calificándola como un paso para “eliminar parásitos del presupuesto”.
La eliminación de la deuda política en El Salvador sigue siendo un tema de intenso debate. Mientras algunos sectores la consideran un avance hacia la eficiencia del gasto público, otros temen que favorezca la consolidación de un sistema político más cerrado, con menos oportunidades para los partidos emergentes y una mayor concentración de poder.
