La usurpación de terrenos de propiedad pública o privada es un problema que afecta a muchos propietarios, quienes manifiestan su descontento en redes sociales. Sin embargo, surge un conflicto cuando los propietarios deciden solicitar el desalojo y las personas que han ocupado ilegalmente el terreno se niegan a abandonarlo. En este contexto, es importante analizar la relación entre el principio de legalidad como garante de la protección de los derechos fundamentales y el delito de Apropiación o Retención Indebida.
El delito de Apropiación o Retención Indebida es una conducta antijurídica tipificada en el código penal salvadoreño. Este delito está concebido por escrito en un cuerpo normativo legal y vigente, y se castiga con penas específicas. Sin embargo, en el presente tema en particular, existe un elemento que genera conflicto: el término «título» utilizado en el artículo 217 del código penal.
El legislador no proporciona una explicación clara sobre lo que se entiende por «título» en el ordenamiento jurídico penal. Esta falta de claridad entra en conflicto con el principio de legalidad, el cual establece que toda acción prevista en una norma debe ser precisa, estar por escrito y ser previa al hecho en cuestión. Estas características no se cumplen en su totalidad en el Artículo 217 del código penal, ya que la falta de certeza en la definición del término «título» genera ambigüedad y dificulta la interpretación de la normativa.
En consecuencia, se requiere un criterio más definido en relación con este artículo para evitar conflictos con el principio de legalidad y prevenir obstáculos futuros que puedan generar resultados más negativos que los observados actualmente.
Uno de los casos que está siendo investigado en los últimos meses es la usurpación de más de2,500 varas de un terreno privado ubicado en Carretera Ahuachapán, frente a la plaza El Bosque, en el caserío El Labio, La Labor, donde las personas que indebidamente se ha apropiado del terreno. Según los datos del CNR esta propiedad pertenece a Inversiones Terranova, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La investigación en curso busca determinar las circunstancias de la usurpación, identificar a los responsables y evaluar las pruebas presentadas. Además, se analizará la viabilidad de los documentos presentados como «título» para respaldar la ocupación ilegal del terreno.
Es fundamental que las autoridades competentes aborden este caso de manera diligente y justa, garantizando el respeto a los derechos de propiedad y la aplicación de la ley de manera imparcial. La usurpación de terrenos es un delito que afecta la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país, por lo que es necesario tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de acciones ilegales.
Otro de los casos más sonados recientemente fue el de la familia Closa, propietaria de 70 manzanas de terreno en la isla Tasajera, quien presentó una demanda por el delito de usurpación de inmuebles contra el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de dicha comunidad. En una audiencia conciliatoria la ADESCO se comprometió a informar a las familias sobre la situación legal de sus propiedades en dichos inmuebles y la necesidad de abandonarlos de manera pacífica y voluntaria, respetando los derechos de los propietarios, según consta en el acta conciliatoria.
De acuerdo con el documento, el tribunal acordó que este proceso se llevaría a cabo en presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de coordinar la intervención para lograr el retiro voluntario de los ocupantes irregulares en el plazo que se establezca.
Este caso ha generado gran atención en el país debido a la importancia de proteger los derechos de propiedad y garantizar un proceso legal justo. La familia Closa busca recuperar la posesión de sus terrenos y espera que las autoridades competentes actúen de manera diligente para resolver este conflicto de manera pacífica y respetando el marco legal vigente.
