La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para que el pleno elija al nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quien asumirá el cargo el próximo 16 de octubre y lo ejercerá hasta el 15 de octubre de 2028.
El proceso incluyó entrevistas a los cinco candidatos: Raquel Caballero de Guevara, aspirante a la reelección; Carolina María Hernández de Hernández; Walter Edgardo Fuentes Rodríguez; Roswall Gregorio Solórzano Hernández y David Oswaldo Escobar Menéndez. Cada uno presentó su trayectoria profesional y los objetivos que buscarían implementar en caso de ser electos.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, indicó que el dictamen será sometido a votación en sesión plenaria, donde los diputados de todos los partidos decidirán al próximo procurador. “Hemos dado cumplimiento a los principios de máxima publicidad, transparencia, democracia, pluralismo y participación”, afirmó. Castro destacó que todo el proceso fue transmitido por los medios de comunicación de la Asamblea para garantizar la transparencia ante la población.
La PDDH es la institución encargada de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, investigando denuncias, supervisando a autoridades, proponiendo reformas y presentando informes al Estado.
Perfiles y propuestas de los candidatos
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Raquel Caballero de Guevara busca un tercer período. Abogada y notaria de la República, preside la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano. Durante su gestión se han firmado más de 168,000 acciones de protección, incluyendo 51,715 procesos de atención inmediata y seguimiento a personas privadas de libertad. Caballero destacó la modernización de la institución y la reducción de una mora histórica de 27,000 expedientes.
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Carolina María Hernández de Hernández cuenta con 26 años de servicio en la PDDH y ha desempeñado funciones administrativas y de coordinación en San Miguel. Propone una PDDH cercana al territorio y a la población, buscando atender directamente las necesidades de la ciudadanía.
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Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, abogado y notario, ha sido procurador especializado para la Defensoría Pública Penal y juez suplente en diferentes instancias judiciales. Su plan incluye la creación de un Comité para la Atención Integral a Víctimas de Desapariciones Forzadas y un análisis integral de la estructura y funcionamiento de las delegaciones departamentales de la PDDH.
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Roswall Gregorio Solórzano Hernández, licenciado en Ciencias Jurídicas y colaborador jurídico de la Corte Suprema de Justicia, propone acercar la labor de la institución a los sectores de escasos recursos, fortaleciendo el papel de las 13 delegaciones departamentales.
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David Oswaldo Escobar Menéndez, abogado y notario con especialización en derecho administrativo y patrimonial, actualmente juez de cuentas, plantea una reingeniería de las procuradurías adjuntas y delegaciones departamentales para mejorar el contacto de la PDDH con la ciudadanía.
El pleno legislativo decidirá en los próximos días quién asumirá la dirección de la institución, cuya función principal es garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en El Salvador.
