En un contexto marcado por el encarecimiento sostenido de bienes y servicios, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, volvió a poner sobre la mesa una propuesta que busca impactar directamente en el consumo de los hogares: la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 % al 6.5 %, una iniciativa que no logró respaldo en el pleno legislativo durante su último intento de discusión.
Ante la falta de apoyo parlamentario, la legisladora presentó nuevamente el proyecto en la ventanilla de recepción de iniciativas de la Asamblea Legislativa, con la expectativa de que sea incorporado en una próxima sesión plenaria y remitido a la comisión correspondiente para su análisis técnico.
Ortiz también solicitó la modificación de la agenda legislativa para introducir dos propuestas: una orientada a disminuir el IVA, con excepción de productos y servicios considerados de alto costo, y otra que plantea la obligatoriedad de detallar en las facturas de consumidor final el monto exacto que se paga por este impuesto. Sin embargo, ambas iniciativas fueron descartadas al no alcanzar los votos necesarios.
Tras el rechazo, la diputada expresó su inconformidad y cuestionó que las propuestas no hayan sido siquiera enviadas a estudio. A su juicio, esta situación limita la posibilidad de abrir un debate sobre las herramientas económicas que el país podría implementar para enfrentar la presión inflacionaria que, aseguró, está afectando de manera directa a las familias salvadoreñas.
Pese a ello, Ortiz subrayó que al haber sido ingresado formalmente, el proyecto queda registrado y deberá seguir el procedimiento establecido por ley, lo que implica su traslado a presidencia del Órgano Legislativo y su eventual envío a una comisión para evaluación.
De acuerdo con el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, las iniciativas presentadas por esta vía deben ser distribuidas en una sesión plenaria posterior. Para la diputada, el análisis de propuestas fiscales que busquen aliviar el impacto del costo de vida no solo es una responsabilidad institucional, sino una muestra de respeto hacia una población que enfrenta crecientes dificultades económicas.
