El presidente de la República, Nayib Bukele, defendió la política de seguridad implementada por su Gobierno y afirmó que el Estado salvadoreño ha decidido dar prioridad a los derechos humanos de la población “honrada y trabajadora”, en respuesta a los cuestionamientos de organizaciones internacionales que denuncian abusos durante la vigencia del régimen de excepción.
Las declaraciones fueron brindadas durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de una visita oficial a El Salvador, donde ambos abordaron el impacto del modelo de seguridad salvadoreño y sus repercusiones a nivel regional.
Bukele respondió a una pregunta formulada por una periodista chilena, quien señaló que el llamado “modelo Bukele” también ha generado críticas en Chile por presuntas violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, el mandatario acusó a varias organizaciones no gubernamentales de centrar su atención en la defensa de personas vinculadas a estructuras criminales, mientras —según dijo— ignoran los derechos de las víctimas y de la ciudadanía trabajadora.
“El Estado debe priorizar los derechos humanos de la gente honrada. Por supuesto que los criminales también tienen derechos humanos, pero la prioridad debe estar en quienes trabajan y cumplen la ley”, expresó el presidente salvadoreño.
Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que sus pronunciamientos carecen de equilibrio. A su juicio, estas entidades no denunciaron con la misma intensidad los crímenes cometidos por las pandillas antes de la implementación del régimen de excepción.
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han sido críticas constantes de esta medida de seguridad extraordinaria. Amnistía Internacional ha señalado que el régimen se ha aplicado “a costa de los derechos humanos”, denunciando detenciones arbitrarias, presuntos actos de tortura en centros penales y muertes de personas bajo custodia estatal.
Según esa organización, se han documentado al menos 60 casos de capturas sin órdenes judiciales o administrativas, además de señalamientos sobre supuestas cuotas diarias de arrestos impuestas a agentes policiales, detenciones basadas en denuncias anónimas y criterios discriminatorios como la presencia de tatuajes.
El régimen de excepción, que está próximo a cumplir cuatro años de vigencia, se mantiene como la principal estrategia del Gobierno para combatir a las pandillas. Esta política ha sido uno de los pilares del respaldo popular al presidente Bukele y fue determinante en su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a los cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
No obstante, organizaciones humanitarias aseguran que la medida ha dejado más de 6,400 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, así como al menos 470 muertes de personas privadas de libertad bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia.
La visita del presidente electo chileno incluyó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida para recluir a miembros de pandillas, considerada uno de los símbolos más visibles de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno salvadoreño.
