El caso Quimagro nuevamente hace noticia.
La histórica demanda multimillonaria por daños y perjuicios que reclama la sociedad de los pesticidas al banco Cuscatlan, que asciende a más de $ 100 millones de dólares de los Estados Unidos de América (considerando capital e intereses legales), está cada vez más cerca de llegar a su punto final.

El banco Cuscatlan ha tratado por todos los medios legales evitar el pago de la responsabilidad civil a la que fue condenada desde el año 2013, por una sentencia definitiva de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En dicha sentencia , el tribunal casacional condenó al entonces Scotiabank, S.A. , ahora banco Cuscatlan, al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la administración fraudulenta de Quimagro; misma que la llevó a la quiebra.

Es desde el año 2013 que el Staf de reconocidos abogados salvadoreños , apoderados de los bancos , que han tratado inútilmente de revertir el fallo que los obliga al pago de más de $49 millones de dólares más intereses legales.

Es así , que nuevamente la Sala de lo Constitucional , les cierra la puerta al declarar improcedente una demanda de amparo presentada por el banco cuscatlan , con la intención de anular la sentencia en contrario.

Esta vez, luego de tres amparos improcedentes , el banco Cuscatlan no tiene más justificaciones para acudir a la justicia constitucional y evitar lo inevitable: pagar el mayor monto reclamado en los tribunales judiciales del país.

A criterio de abogados conocedores de la materia, por segunda vez se sienta un precedente importante en la justicia salvadoreña, después del monto millonario que el banco DAVIVIENDA tuvo que pagar al señor Antonio Salaverría (cerca de $50 millones de dólares).

En ese sentido, se estaría demostrando que las leyes del país se cumplen , sin importar los actores involucrados en este tipo de juicios, y que el sistema de justicia de El Salvador , se fortalece en la medida que se hace respetar a fuerza de impartir verdadera justicia en el país .