La Asamblea Legislativa aprobó reformas importantes al Código Tributario con el objetivo de simplificar los requisitos para las compras de bienes y servicios en El Salvador. A partir de ahora, los negocios no podrán exigir el nombre o una identificación de las personas naturales, nacionales o extranjeras, en transacciones que sean iguales o menores a $25,000, salvo que se requiera una factura para documentar la operación o si el gasto es deducible de impuestos.
La reforma introduce una sanción significativa en el artículo 239-A, que establece una multa equivalente al 30% del monto de la operación por cada documento a los contribuyentes que soliciten identificación de los compradores cuando no se requiera factura. Esta multa no podrá ser inferior a dos salarios mínimos mensuales, lo que equivale a $730 en el sector comercio y servicios.
El decreto responde a preocupaciones sobre prácticas actuales en las que algunos contribuyentes del IVA exigen a sus usuarios que se identifiquen con su Documento Único de Identidad (DUI) u otros documentos equivalentes para la emisión de documentos tributarios electrónicos, incluso cuando no se solicita factura.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, destacó que la reforma incorpora disposiciones clave sobre documentos tributarios electrónicos, facultades administrativas y sancionatorias de la administración tributaria, y obligaciones de identificación de los receptores de estos documentos. Soriano enfatizó que la reforma busca simplificar y maximizar la aplicación de los documentos tributarios electrónicos, alineándose con las políticas de debida diligencia mencionadas en la Ley contra el lavado de dinero y activos y el Instructivo para la prevención, detención y control del lavado de dinero y activos.
“Con esta reforma, buscamos evitar la sobrerregulación y optimizar los recursos en beneficio de los consumidores. Esto permitirá dinamizar las actividades comerciales y contribuir al crecimiento económico acelerado de El Salvador”, afirmó Soriano durante su intervención.
La reforma también responde a la necesidad de colaboración entre el sector privado y el Estado para prevenir actividades ilícitas sin imponer cargas innecesarias sobre las empresas, contribuyendo así a un entorno comercial más eficiente y menos burocrático.
