El sector construcción, uno de los principales motores de la economía nacional, enfrenta desde hace años obstáculos burocráticos que retrasan el desarrollo de proyectos habitacionales y comerciales. Con el fin de incentivar la inversión y dinamizar este rubro, la Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor, el decreto que elimina el requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos en proyectos arquitectónicos.
La nueva normativa, denominada “Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos”, busca simplificar los trámites relacionados con la obtención de calificaciones, factibilidades, licencias, permisos y autorizaciones. Con esta medida, se eliminará la exigencia de espacios de estacionamiento como condición para la aprobación de proyectos de cualquier naturaleza.
El decreto está dirigido a todas las instituciones gubernamentales, autónomas, municipalidades y oficinas de planificación y gestión del territorio que intervienen en el proceso de revisión y autorización de proyectos urbanos o de construcción. Estas entidades quedan obligadas a no exigir la construcción de estacionamientos como requisito para otorgar permisos, salvo en casos específicos contemplados en la ley.
Sin embargo, la normativa establece excepciones orientadas a garantizar la inclusión y accesibilidad universal. Los espacios para estacionamiento deberán asegurarse cuando estén destinados a facilitar el acceso y movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia, en cumplimiento con los principios de equidad y accesibilidad.
Adicionalmente, si un desarrollador decide por voluntad propia incorporar plazas de estacionamiento, deberá cumplir con los estándares técnicos vigentes en la legislación correspondiente. Asimismo, ninguna persona natural o jurídica podrá ser sancionada —mediante multas, clausuras, suspensión de obras o detención de proyectos— por no incluir espacios para estacionamiento, siempre que se respeten las disposiciones del decreto.
Con esta medida, la Asamblea Legislativa da un paso importante para eliminar trabas burocráticas que afectan la construcción y, por ende, la economía nacional, promoviendo un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo urbano.
