El próximo miércoles 31 de julio, los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejarán sus cargos, dando paso a una nueva generación de funcionarios que asumirán el 1 de agosto y se mantendrán en sus puestos hasta el 31 de julio de 2029, completando así un periodo de cinco años.
Con un plazo de solo 16 días, los diputados de la Asamblea Legislativa enfrentan la urgente tarea de seleccionar a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes para evitar dejar acéfala a la institución que, actualmente, actúa como juez electoral y organizador de las elecciones de funcionarios de elección popular.
La semana pasada, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue consultado sobre el inicio del proceso de recepción de propuestas para el Tribunal y el procedimiento a seguir. Castro se limitó a responder que no pueden «dejar una institución acéfala, así que para el 31 de julio de este mes en curso tienen que ya estar elegidos».
De acuerdo con la Constitución, los tres partidos con mayor cantidad de votos en la última elección presidencial, Nuevas Ideas, FMLN y Arena, junto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tienen derecho a presentar propuestas de magistrados.
Hasta el momento, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ya presentó sus dos ternas de propuestas. Alianza Republicana Nacionalista (Arena) tiene listas sus propuestas, pero aún no las ha divulgado. Por su parte, Nuevas Ideas y la CSJ todavía no han dado a conocer sus propuestas para los magistrados del TSE.
El magistrado Noel Orellana había anunciado meses atrás que no buscaría la reelección, argumentando la necesidad de dar paso a nuevas generaciones de funcionarios. En contraste, el magistrado Guillermo Wellman expresó este lunes que no ha tomado una decisión definitiva sobre su reelección.
La ley establece que el magistrado propuesto por el partido con más votos presidenciales, en este caso Nuevas Ideas, ocupará la presidencia del organismo colegiado para el período 2024-2029.
Los nuevos magistrados enfrentarán desafíos significativos, como la deducción de responsabilidades por las irregularidades en el proceso de voto nacional y la implementación de sanciones para los salvadoreños que se negaron a integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La urgencia del plazo impuesto y la importancia del TSE en el marco democrático del país ponen de manifiesto la relevancia de las decisiones que se tomarán en los próximos días.
