La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que moderniza el marco legal vigente desde 1999 y alinea a El Salvador con compromisos internacionales del GAFILAT.
La normativa busca prevenir, detectar y sancionar delitos financieros, evitando la exclusión de personas y actividades legítimas del sistema financiero. Se excluyen de supervisión sectores que ya no representan riesgos significativos, como agencias de viaje, constructoras y farmacias, concentrando el control en entidades y profesionales de mayor riesgo.
Entre las novedades está la creación del Sistema Nacional de Prevención, liderado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y el Comité Interinstitucional (CIPLAFT), encargado de definir políticas y estrategias para combatir estos delitos.
La ley establece un régimen sancionatorio claro y estricto, con multas, inhabilitación, disolución de entidades y penas de 9 a 15 años de prisión para casos comprobados de lavado de activos, especialmente si involucran fondos públicos o funcionarios.
Con esta normativa, El Salvador refuerza su compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la criminalidad financiera, al tiempo que promueve la inclusión financiera de ciudadanos y emprendedores.
