La noche del pasado miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó la vigésima prórroga del régimen de excepción, que ha estado en vigor desde el 27 de marzo de 2022.
Esta medida ha llevado a la captura de más de 74,000 personas, incluyendo a los «principales líderes de pandillas», según el Consejo de Ministros.
La votación general contó con 65 votos a favor, pero la votación nominal y pública reveló la ausencia de 7 diputados, 5 abstenciones, 7 votos en contra y 66 votos a favor.
El gobierno argumenta que es «imperativo mantener las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de la población». La prórroga concluirá el 11 de enero de 2024.
La diputada Elisa Rosales leyó la petición de prórroga, afirmando que es necesario prolongar el régimen de excepción para mantener las condiciones de seguridad. El decreto permitirá continuar ejecutando «cercos de seguridad».
La diputada Alexia Rivas expresó su compromiso de apoyar el plan control territorial y el régimen de excepción, destacando una disminución en los índices de homicidios durante diciembre de 2022.
Por otro lado, el diputado Guillermo Gallegos manifestó su satisfacción con la aprobación del régimen de excepción, señalando que actualmente hay más de 73,000 pandilleros en prisión y que el país vive en paz.
En oposición, el diputado Jaime Guevara del FMLN mencionó casos de personas que, a su juicio, han sido afectadas negativamente por esta medida, cuestionando la legalidad de algunas detenciones.
El diputado César Reyes de Arena señaló que miles de salvadoreños inocentes han sido capturados arbitrariamente y han sufrido bajo esta medida excepcional, instando a buscar una medida de seguridad que no afecte a los inocentes.
La diputada Marleni Funes del FMLN expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que la gente pide seguridad y criticando el uso del miedo para promoverla.
La aprobación de esta prórroga ha generado un intenso debate en la Asamblea Legislativa, reflejando las diversas posturas en torno a su efectividad y consecuencias.
