La Asamblea Legislativa aprobó este lunes dos dictámenes que buscan aliviar los gastos de los salvadoreños en movilidad: la prórroga en la vigencia de las placas de vehículos automotores y la garantía de que el pasaje en el transporte público no tendrá incrementos en el corto plazo.
Con estas disposiciones, los diputados pretenden evitar que tanto los usuarios del transporte colectivo como los propietarios de automóviles deban asumir costos adicionales en un contexto en el que la economía familiar continúa enfrentando presiones inflacionarias.
En el caso de las placas, la medida extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la validez de las actuales, mediante una reforma transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, creada en 1993. Dicha normativa establece un período de cinco años de vigencia para las placas, sin embargo, este plazo se ha ido ampliando en distintas ocasiones debido a coyunturas económicas.
El lote de placas emitido en 2011 debía renovarse en 2017, pero fue prorrogado en varias ocasiones. Primero hasta diciembre de 2021, luego en diciembre de 2022 hasta abril de 2024, y posteriormente hasta agosto de 2025. Ahora, con la nueva disposición, la circulación será legal con las placas actuales hasta 2026.
Por otra parte, el segundo dictamen aprobado mantiene el subsidio al transporte público, lo que permitirá congelar el precio del pasaje en buses y microbuses. De esta manera, se evita un ajuste que impactaría directamente en el bolsillo de miles de pasajeros que dependen de este servicio para sus actividades diarias.
La decisión legislativa responde a una estrategia de contención de costos básicos en un país donde la movilidad, tanto privada como pública, representa un gasto esencial. Para los propietarios de vehículos, prorrogar la vigencia de las placas significa evitar un desembolso que, en otros países de la región, es recurrente cada pocos años. Para los usuarios del transporte colectivo, la medida refuerza la dependencia del subsidio estatal como herramienta de estabilidad social, aunque a largo plazo plantea interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal.
En conjunto, ambas disposiciones reflejan un intento de equilibrar las presiones económicas inmediatas de la población frente a los desafíos estructurales de financiamiento que el Estado deberá atender en el futuro.
