En la sesión plenaria número 88, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 172 de la Constitución de la República, con la que se elimina el piso presupuestario mínimo que anualmente debía asignarse al Órgano Judicial. La modificación establece que el presupuesto de esta institución será proyectado bajo criterios de eficiencia, sin comprometer sus funciones esenciales.
La bancada de Nuevas Ideas sostuvo que la reforma busca ordenar el marco constitucional y adecuarlo a la realidad actual del Estado, mientras que diputados de oposición advirtieron que la eliminación del mínimo constitucional —equivalente al 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado— debilita la independencia judicial y expone al Órgano Judicial a presiones políticas.
Al defender la reforma, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, afirmó que la Asamblea está “ordenando” la Constitución de 1983. “La realidad va adelante, el buen legislador debe ir siguiendo con su legislación y legislando esa realidad”, expresó.
Navarro argumentó que la Corte Suprema de Justicia era la única institución que tenía asignado un porcentaje específico del presupuesto por mandato constitucional, a diferencia de otros entes contralores del Estado. “Sabemos las motivaciones que existieron en el pasado para proteger algunos sectores, pero también hay instituciones como la Corte de Cuentas o la Procuraduría que no tienen pisos establecidos en la Constitución”, señaló.
El legislador explicó que la Corte Suprema de Justicia presentará cada año su propuesta presupuestaria ante la Asamblea Legislativa y deberá justificar su uso. “Vendrán a decir en qué se va a gastar el dinero, cuánto se va a ocupar para los juzgados. Esta Asamblea ha sido una de las que más ha apoyado al sector justicia”, aseguró, al reiterar que se busca un “gasto razonable”.
Desde la oposición, la diputada Marcela Villatoro recordó que el piso presupuestario del Órgano Judicial fue establecido tras los Acuerdos de Paz con el objetivo de garantizar su independencia frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Se buscaba que la Corte Suprema de Justicia pudiera aplicar la justicia sin presiones políticas o sociales”, afirmó.
Villatoro reconoció que han existido abusos en el uso de recursos, como la contratación de seguros privados, pero consideró que ese tipo de gastos deben suprimirse no solo en la Corte, sino también en ministerios del Ejecutivo.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, sostuvo que la reforma elimina una protección clave contra presiones políticas indebidas. Según explicó, el piso presupuestario del 6 % fue concebido como una garantía de independencia tras el conflicto armado y suprimirlo “altera el diseño básico de un Estado de derecho”.
“La justicia está llamada a ser el contrapeso de las decisiones del Ejecutivo que puedan afectar la legalidad, la Constitución o los derechos de los ciudadanos”, señaló Ortiz, al advertir que la reforma deja al Órgano Judicial “sujeto a caprichos políticos”.
La legisladora también alertó sobre posibles impactos negativos en la confianza de inversionistas extranjeros y en la seguridad jurídica. “¿Cómo pretendemos atraer inversiones si no queda ninguna garantía de independencia judicial? Esto no fortalece la democracia, la debilita”, cuestionó.
Ortiz advirtió que la modificación constitucional podría afectar directamente a los ciudadanos que recurren a los tribunales para resolver conflictos cotidianos, como herencias o cuotas alimenticias. “Usted va a querer un juez que tome decisiones sin presiones políticas”, subrayó.
La reforma al artículo 172 fue aprobada el martes 16 de diciembre, en una sesión plenaria en la que también se ratificó la reforma al artículo 208 de la Constitución, que amplía el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para equipararlo al nuevo período presidencial de seis años, aprobado junto con la habilitación de la reelección presidencial indefinida el pasado 31 de julio.
