La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República con el objetivo de habilitar la aplicación de la pena perpetua en El Salvador para delitos considerados de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación elimina la prohibición absoluta que existía en la Carta Magna y establece que esta sanción podrá imponerse únicamente en esos casos.
Con la reforma, el inciso segundo del artículo 27 será modificado para indicar que se prohíben las penas por deudas, las infamantes, las proscriptivas y cualquier forma de tormento, pero permitirá la pena perpetua exclusivamente para quienes cometan los delitos antes mencionados. Hasta ahora, la Constitución prohibía expresamente este tipo de condena.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la medida busca fortalecer la seguridad pública y garantizar la protección de la población mediante sanciones más severas contra quienes atenten contra la vida, la integridad sexual o la estabilidad del Estado. El documento señala que la reforma pretende contribuir a la prevención del delito y a la preservación del orden y la paz social.
Durante la discusión en el pleno, la diputada Suecy Callejas, del partido Nuevas Ideas, afirmó que la modificación prioriza el derecho de la población a vivir sin temor y aseguró que la paz alcanzada en el país no debe ponerse en riesgo. Según la legisladora, la cadena perpetua garantizará que quienes hayan cometido crímenes graves no vuelvan a las calles.
En la misma línea, el diputado Giovanny Zaldaña sostuvo que la medida busca proteger a la población que cumple la ley y evitar que personas responsables de hechos violentos recuperen la libertad. Afirmó que la reforma constituye una garantía para mantener la seguridad en el país.
Por su parte, el jefe de fracción oficialista, Christian Guevara, indicó que la modificación permitirá asegurar que la tranquilidad alcanzada en los últimos años sea permanente, al impedir que criminales condenados por delitos graves puedan salir de prisión.
Desde la oposición, la diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista, manifestó que está de acuerdo en endurecer las penas contra agresores sexuales, pero consideró que también deben evaluarse otras medidas dentro de las reformas penales. Asimismo, cuestionó procedimientos dentro del sistema penitenciario y pidió mayor control sobre los beneficios otorgados a reclusos.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y entregada al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, previo a su discusión en el pleno legislativo.
El acuerdo fue incorporado a la agenda mediante dispensa de trámite y obtuvo 56 votos a favor, con un voto en contra. La reforma deberá seguir el procedimiento constitucional correspondiente para su ratificación en una legislatura posterior antes de entrar en vigencia.
