La Asamblea Legislativa avaló este jueves el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a $10,555.5 millones, junto con la Ley de Salarios, tras una jornada marcada por ajustes de última hora y un intenso debate político. La principal modificación fue una reducción de más de $164 millones al Órgano Judicial, recursos que serán redistribuidos a carteras del área social y productiva.
La Ley del Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales 2026 fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, mientras que la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Minutos después, el pleno también dio luz verde a la Ley de Salarios 2026, con la misma cantidad de votos a favor y sin votos en contra.
Con los cambios aprobados, el presupuesto del Órgano Judicial quedó fijado en $369.2 millones, pese a que esa institución había solicitado $533.4 millones. La diferencia fue reorientada principalmente a los ministerios de Educación ($40 millones), Salud ($20 millones), Agricultura ($23.3 millones), Obras Públicas ($50 millones) y Hacienda ($30.8 millones).
Durante la sesión plenaria también se incorporaron modificaciones al dictamen favorable aprobado previamente en la Comisión de Hacienda, entre ellas la inclusión de nuevas organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Según la lectura realizada por el diputado Giovanny Zaldaña, se agregó la Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (FUCAES), adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, con una asignación de $400,000.
En el caso del Ministerio de Cultura, se añadieron tres beneficiarios: la Parroquia Santa Catarina de Alejandría, en Usulután, con $75,000; la Parroquia Santiago Apóstol, de Conchagua, La Unión, con $175,000; y la Asociación Pro Restauración de la Catedral de Santa Ana, con $69,560. Con estas incorporaciones, el monto total destinado a oenegés y fundaciones sin fines de lucro asciende a $11,588,281, mientras que el resto de asignaciones se mantuvo sin cambios respecto al dictamen de comisión.
El dictamen sostiene que la selección de estas entidades se basó en criterios de trayectoria institucional, ejecución comprobada de proyectos y transparencia en el uso de fondos públicos. Además, se mantuvo la incorporación del presupuesto especial de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) por $3,070,532, así como la reestructuración de cuatro plazas en el Ministerio de Economía.
En el debate, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, defendió el proceso de discusión presupuestaria y aseguró que en legislaturas anteriores se negociaba con oenegés que, a su juicio, solo “validaban la corrupción”. En contraste, la diputada Claudia Ortiz cuestionó la falta de transparencia y de rendición de cuentas, señalando que el presupuesto de 2025 ha sido modificado 45 veces y que existe una baja ejecución presupuestaria.
Ortiz también advirtió que la reciente reforma constitucional que eliminó el mínimo presupuestario para el Órgano Judicial aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, por lo que consideró que el presupuesto aprobado podría ser inconstitucional, además de no haber sido consultado con la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, planteó dudas sobre el impacto del recorte en la estrategia de seguridad.
Desde Arena, el diputado Francisco Lira criticó que el presupuesto esté concentrado en el Órgano Ejecutivo, el aumento para Casa Presidencial y la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. Su compañera de bancada, Marcela Villatoro, acusó a Nuevas Ideas de incumplir su palabra al asegurar, durante la reforma constitucional, que no se reduciría el presupuesto del Órgano Judicial.
Por su parte, Giovanny Zaldaña sostuvo que el presupuesto responde a las capacidades financieras del país y afirmó que la votación permitirá identificar quiénes respaldan la continuidad de proyectos prioritarios, como la seguridad y la construcción de centros educativos. Con esta aprobación, el Presupuesto 2026 queda listo para su ejecución, en medio de cuestionamientos sobre su impacto institucional y el uso de los recursos públicos.
