Con una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa avaló este martes una nueva extensión del régimen de excepción, medida que continuará vigente del 1 al 30 de enero de 2026. La decisión fue respaldada con 57 votos y se convierte en la prórroga número 46 desde que el mecanismo fue implementado en marzo de 2022.
De acuerdo con datos expuestos por el Ejecutivo, desde la entrada en vigencia del régimen se ha detenido a más de 90,600 personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales. La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho a la defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Durante la discusión plenaria, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, sostuvo que el Legislativo tiene la obligación de priorizar la seguridad ciudadana. Aseguró que, desde 2022, el país ha experimentado cambios significativos en materia de seguridad y afirmó que la aprobación continua del régimen ha permitido salvar vidas. Además, señaló que quienes se oponen a la prórroga, a su juicio, son personas que se beneficiaban de las extorsiones o que respaldan a estructuras criminales.
En la misma línea, la diputada Sharon Salazar, también de Nuevas Ideas, defendió su voto a favor argumentando que el país atraviesa un momento de mayor tranquilidad. Indicó que su respaldo busca garantizar la continuidad de la paz y fortalecerla, especialmente en una época significativa como las festividades de fin de año. Salazar añadió que la mejora en la imagen del país, incluso en el ámbito turístico y cultural, es resultado de las condiciones de seguridad actuales.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recordó los hechos que antecedieron a la aprobación inicial del régimen de excepción, tras una escalada de homicidios ocurrida a finales de marzo de 2022. Según explicó, aquella coyuntura obligó al Estado a tomar medidas extraordinarias para frenar la violencia y evitar que se repitieran prácticas de negociación con pandillas utilizadas en administraciones anteriores. Castro insistió en que el régimen está contemplado en la Constitución y lo calificó como una herramienta clave para la protección de la vida de los salvadoreños.
El titular del Legislativo también expresó su reconocimiento al presidente de la República, al gabinete de seguridad, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, así como a las comunidades que, dijo, han respaldado la aplicación de la medida.
La votación fue nominal y pública. La diputada Claudia Ortiz votó en contra, mientras que los diputados del partido ARENA no estuvieron presentes durante la sesión. Con esta decisión, el régimen de excepción continuará siendo uno de los principales instrumentos del Gobierno en su estrategia de seguridad para el inicio de 2026.
