La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, un paquete de Disposiciones especiales y transitorias que permitirá acelerar la ejecución del Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador, financiado mediante dos préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por $150 millones y $120 millones.
La normativa habilita al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) a administrar, supervisar y ejecutar los recursos provenientes de ambos contratos, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y garantizar obras públicas más resistentes al cambio climático. Además, busca asegurar el bienestar de las comunidades involucradas y la protección del medio ambiente durante el desarrollo de los proyectos.
Facultades para adquisición de terrenos y reasentamientos
Con la aprobación, el MOPT tendrá las bases legales para comprar terrenos, pagar compensaciones y gestionar el reasentamiento temporal y permanente de familias que habitan en zonas donde se ejecutarán obras viales. Uno de los proyectos señalados dentro del plan es la construcción del baipás de Apopa, una de las obras estratégicas para la descongestión vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador.
El ministerio también estará autorizado a donar al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) los terrenos y viviendas adquiridas o construidas para las familias incluidas en el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), aprobado el pasado 4 de agosto. El PRI cumple con los estándares ambientales y sociales establecidos por el Banco Mundial, que regulan la compra de tierras y los procesos de relocalización.
FONAVIPO será responsable de registrar los inmuebles, incorporarlos a su inventario y efectuar los movimientos contables conforme al valor determinado por el MOPT.
Restricciones y beneficios para las familias reubicadas
Las disposiciones establecen que las familias beneficiadas no podrán vender, hipotecar ni transferir las propiedades recibidas durante los primeros 20 años posteriores a la entrega de las escrituras. Esta medida busca garantizar estabilidad habitacional y evitar la especulación inmobiliaria en zonas destinadas al reasentamiento.
Asimismo, los proyectos de vivienda contemplados en el PRI serán considerados de interés social, por lo que las propiedades otorgadas a las familias estarán exentas del pago de tasas registrales y catastrales al momento de su inscripción.
Responsabilidad financiera
Las normativas también asignan al Ministerio de Hacienda la responsabilidad de realizar todas las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante los contratos de préstamo con el BIRF.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca avanzar en un proyecto considerado clave para la modernización del sistema de transporte, la reducción de riesgos climáticos y el desarrollo de infraestructura vial más segura y sostenible en el país.
