Con el argumento de fortalecer el ingreso disponible de los hogares y estimular la demanda interna, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la Ley Especial Quincena 25, una disposición que obliga al pago de una quincena adicional anual a trabajadores con salarios de hasta $1,500 mensuales, a partir de 2026 para el sector público y de 2027 para el sector privado.
La dispensa de trámites fue avalada con 57 votos, mientras que el fondo de la ley recibió 59 respaldos de diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN y de las legisladoras Claudia Ortiz y Marcela Villatoro. El único ajuste al decreto fue la incorporación del carácter “especial y de orden público” en el artículo 8, a solicitud de la diputada Suecy Callejas.
Según el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, la iniciativa busca corregir un “problema estructural” del sistema salarial y tendrá un efecto multiplicador en la economía. Argumentó que el beneficio, al no estar sujeto a impuestos, descuentos ni embargos, incrementará directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentará el consumo en distintos niveles de la economía. De acuerdo con cifras citadas por el legislador, el 94 % de los asalariados estaría dentro del rango de ingresos cubierto por la ley.
El decreto establece que la quincena adicional será obligatoria para el sector privado a partir de 2027, otorgando un año completo para la planificación financiera y presupuestaria de las empresas. Además, se contempla que aquellas compañías que decidan implementarla de forma anticipada puedan acceder a exenciones fiscales.
No obstante, desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre el impacto fiscal y la sostenibilidad de la medida. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, respaldó la iniciativa, pero señaló que el pago de la quincena adicional a los empleados públicos podría representar un costo aproximado de $70 millones anuales. En ese contexto, cuestionó la falta de recursos para indemnizar a cerca de 7,000 trabajadores despedidos del sector salud.
Villatoro también criticó que, a su juicio, más del 50 % de los salvadoreños quedaría fuera del beneficio y reiteró su propuesta de eliminar el IVA a la canasta básica como una medida de mayor alcance económico. Además, advirtió sobre el impacto que la obligación podría tener en pequeños negocios, citando el caso de una microempresaria que evalúa cerrar una sucursal ante el aumento de costos laborales.
En la misma línea, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, anunció su voto favorable, pero calificó la ley como una solución parcial frente al alto costo de la vida. Insistió en la necesidad de reducir el IVA y comparó la medida con un alivio temporal que no resuelve los compromisos financieros estructurales del Estado.
Desde Arena, el diputado Francisco Lira alertó que la ley podría generar presiones significativas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 90 % de la actividad económica del país. A su criterio, la iniciativa traslada costos al sector productivo sin una estrategia integral para reducir los precios de bienes esenciales o insumos productivos.
Con su aprobación, la Ley Quincena 25 abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre estímulos al ingreso laboral, sostenibilidad fiscal y competitividad empresarial, en un contexto donde el crecimiento económico y el costo de la vida siguen siendo los principales desafíos para hogares y empresas en El Salvador.
