El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) reaccionó con firmeza ante el discurso ofrecido por el presidente Nayib Bukele la noche del domingo, al considerar que refleja un claro desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos.
A través de un comunicado oficial, Arena rechazó las declaraciones del mandatario, quien desde el escenario del Teatro Nacional, al cumplir el primer año de su segundo mandato consecutivo, se refirió a conceptos como la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos como “términos que solo se usan para mantenernos sometidos”.
Para la dirigencia arenera, esta afirmación representa “una peligrosa distorsión del lenguaje democrático” y una señal clara de “la intención de debilitar las garantías ciudadanas y los controles al poder”, según se lee en el documento difundido por el partido.
Además de denunciar un discurso carente de transparencia, Arena señaló que Bukele evitó brindar datos verificables y no hizo mención de mecanismos de rendición de cuentas ni de auditorías independientes. “Mientras los salvadoreños enfrentan una crisis económica, el Gobierno insiste en ocultar información clave y centraliza el poder”, reprochó el partido.
El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos Saade, aseguró que Arena continuará desde la oposición “proponiendo alternativas viables para mejorar la economía, fortalecer la institucionalidad y devolverle la voz al pueblo salvadoreño”.
La reelección inmediata, considerada por Arena como inconstitucional, también fue criticada durante el pronunciamiento. Según el partido, la “continuidad” a la que aludió Bukele en su intervención es un disfraz para validar un modelo autoritario. Asimismo, advirtieron sobre el uso político del tema de seguridad. “No se puede construir un país justo sobre las ruinas de los derechos constitucionales”, sentenciaron.
Durante su intervención, Bukele también rechazó los índices internacionales que evalúan la calidad democrática, arremetió contra medios de comunicación por “seguir agendas”, y defendió la reciente Ley de Extranjeros, que impone un 30 % de impuesto a fondos que reciben las ONG, bajo el argumento de que dichas organizaciones promueven “injerencia extranjera”.
