Con una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas a la Ley General de Electricidad orientadas a reducir el costo de la energía eléctrica y establecer reglas más claras para la generación distribuida en el país.
Las modificaciones buscan estructurar un marco normativo más preciso para este tipo de generación, caracterizada por la producción de energía a pequeña escala —principalmente a partir de fuentes como la solar— que se conecta directamente a las redes de distribución. Con ello, se pretende dar mayor orden a un segmento que ha crecido de forma sostenida en los últimos años.
Uno de los principales cambios aborda los vacíos regulatorios existentes, especialmente en la definición de precios. Hasta ahora, estos se fijaban mediante acuerdos entre generadores y empresas distribuidoras, sin un esquema uniforme que garantizara transparencia y estabilidad para el mercado.
Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Tecnología, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, expuso que la capacidad instalada de generación distribuida en El Salvador ya alcanza los 553 megavatios, lo que evidencia la necesidad de acompañar su expansión con regulaciones claras y actualizadas.
Entre las principales disposiciones, las reformas contemplan la creación de un mercado minorista de energía, que permitirá regular las transacciones dentro de las redes de distribución y complementar el esquema mayorista existente. Además, se implementará un sistema de medición comercial regulada para cuantificar con precisión la energía generada, la que se inyecta a la red y su incidencia en la tarifa eléctrica.
El nuevo enfoque también impactará en la estructura de costos. Actualmente, los precios se calculan tomando como referencia la generación a base de combustibles como búnker o diésel, cuyos costos superan significativamente a los de fuentes renovables. Con la incorporación de tecnologías más limpias, como la solar, se espera una reducción en el precio final para los usuarios.
A su vez, las reformas apuntan a disminuir la dependencia de hidrocarburos en la matriz energética nacional, promoviendo una transición hacia alternativas más sostenibles.
Mayor control y supervisión del sistema eléctrico
El paquete de reformas incluye medidas para fortalecer la supervisión técnica y operativa del sistema eléctrico. Entre ellas, se establece una regulación más estricta de los procesos de interconexión, así como la obligatoriedad de estudios técnicos que garanticen la capacidad de la red ante nuevos proyectos, en un contexto de creciente interés de inversionistas.
Asimismo, se incorporan mecanismos de monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida y se prevé la integración de tecnologías de almacenamiento energético para mejorar la estabilidad del sistema.
Las atribuciones de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas también se amplían, otorgándole la responsabilidad de autorizar interconexiones, definir cargos asociados y evaluar la capacidad del sistema para integrar nuevas iniciativas.
Por su parte, las empresas distribuidoras deberán cumplir con nuevas obligaciones de reporte, proporcionando información periódica sobre los procesos de interconexión y datos técnicos clave que faciliten la planificación y el desarrollo del sistema eléctrico nacional.
Con estas reformas, el país da un paso hacia la modernización de su marco energético, apostando por mayor eficiencia, transparencia y sostenibilidad en beneficio de los usuarios finales.
