En un histórico giro político, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la eliminación del artículo 210 de la Constitución, que establecía el financiamiento público para los partidos políticos. La reforma marcó el debut de la «vía rápida» para cambiar la Constitución, un mecanismo que permite que una sola legislatura modifique la Carta Magna con tan solo 45 votos. Este cambio fue respaldado principalmente por Nuevas Ideas, con el apoyo de un diputado de Arena, uno del PDC y dos del PCN, mientras que Vamos votó en abstención.
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, destacó la importancia histórica de esta reforma, asegurando que “este día vamos a entrar en el libro de la historia”. Los defensores de la reforma argumentaron que el gasto público en los partidos políticos debía ser revisado, señalando que, durante las elecciones presidenciales, el Estado pagaba $6.05 por cada voto emitido, mientras que en elecciones legislativas, el monto ascendía a $3.28, lo que representaba un gasto significativo en un país con grandes necesidades sociales.
La reforma fue apoyada por la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, quienes se centraron en las críticas a lo que consideraron un uso ineficiente de los recursos del Estado para financiar a los partidos políticos. Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, defendió el cambio y subrayó que, si bien la deuda política era un mecanismo constitucional, su eliminación buscaba racionalizar los recursos públicos para atender las necesidades más urgentes del país. “Lo que estamos haciendo es una reorientación de fondos hacia las prioridades de la población”, aseguró Guevara.
Sin embargo, la oposición reaccionó con fuertes críticas. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, acusó a Nuevas Ideas de «mentir» y señaló que la reforma no era una medida de ahorro, sino una estrategia para «concentrar más poder». Ortiz hizo referencia a los $27 millones de deuda política que Nuevas Ideas había cobrado, sugiriendo que si realmente se buscara ahorrar, no habrían aceptado esos fondos. En medio de la controversia, la reforma pasó a la historia como uno de los cambios más relevantes en la política salvadoreña, con un futuro incierto sobre sus repercusiones
