Con 67 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la décimoséptima prórroga del régimen de excepción que cumple 502 días de vigencia. La dispensa de trámites se aprobó con 66 votos.
El argumento del gobierno, para volver a prorrogar el régimen de excepción, es que “existen miembros que aún no han sido capturados” y aún realizan “ataques graves contra la vida de la población salvadoreña” y policías. “Con evidencia de intención de reagruparse, haciendo necesario mantener las estrategias de seguridad”.
Los derechos suspendidos, según el decreto, siguen siendo tres: los artículos 12 inciso segundo; 13 inciso segundo; y 24 de la Constitución de la República. Estos artículos traban sobre los derechos de los detenidos a la defensa y a ser informados de la razón de su detención; del plazo máximo de detención administrativa de 72 horas; y de la prohibición de interferencia de telecomunicaciones sin una autorización judicial de forma escrita y motivada preservando el secreto de lo privado que no guarde relación con un proceso penal.
Los diputados de Nuevas Ideas defendieron la necesidad del régimen de excepción, y está dirigidido únicamente a las pandillas. La oposición argumentó que está dirigido también a los ciudadanos comunes y perjudica también a las personas inocentes.
El diputado Guillermo Gallegos, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), lamentó el asesinato de una maestra en Jocoro, Morazán, supuestamente por un pandillero. Añadió que “muchos terroristas habían huído” a Cabañas por lo que el gobierno desplegó un cerco militar y logró desarticular “una estructura de terroristas”. “Solo aquel que no ha vivido o es insensible a lo que estos pandilleros hacen no puede estar de acuerdo con el régimen de excepción”, expresó.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, observó que los detenidos “no tienen derecho a la defensa”, porque es una de las garantías suspendidas y que la suspensión de garantías “nos aplica a todos”.
Relató que cualquier ciudadano puede “caer en ese mal llamado margen de error”; según el vicepresidente de la república, hasta julio pasado, más de 6,000 personas habían sido liberadas.
El gobierno ha admitido que existe un margen de error e las capturas que, afirma, están dirigidas únicamente a las pandillas. Según Ortiz, “no es necesario el régimen de excepción para combatir el crimen” porque “las pandillas están proscritas” y renovarlo “es destruir la presunción de inocencia”. Su aprobación, dice, solo muestra la incapacidad de ejecutar una “política de seguridad integral y respetuosa”.
