La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa estudia reformas a la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación. Las modificaciones buscan agilizar los procedimientos de legalización y garantizar el uso adecuado de los inmuebles para fortalecer la infraestructura escolar.
La ley fue aprobada en 2015 por cinco años, luego prorrogada en 2020 por un período similar, el cual vence el 12 de mayo de 2025. Su vigencia ha permitido la legalización de inmuebles que, por razones legales o administrativas, no estaban inscritos a favor del Estado, permitiendo inversiones estratégicas en educación.
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, informó a los legisladores que, gracias a esta normativa, 1,976 inmuebles han sido inscritos, beneficiando a 1,618 centros educativos oficiales (CEO). No obstante, aún quedan 1,636 inmuebles pendientes de legalizar, lo que afecta a 1,232 escuelas.
Pineda subrayó la importancia de prorrogar la ley por otros cinco años e introducir reformas que faciliten su ejecución. Explicó que sin estas disposiciones, muchas escuelas sin título de propiedad no podrán acceder a fondos de financiamiento para su mejora.
“Si no se aprueba la reforma, las escuelas sin legalizar no podrán ser intervenidas con financiamiento. Esto retrasaría o impediría la reconstrucción de estos centros educativos”, advirtió Pineda.
El Gobierno impulsa el modelo Mi Nueva Escuela, que prioriza la inversión en infraestructura escolar para mejorar el proceso de aprendizaje y dignificar la educación en El Salvador.
