El alcalde de San Miguel Centro, Alex Torres, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso sobre hallazgos relacionados con siete empresas que habrían evadido impuestos. Este paso forma parte de las acciones tomadas en sus primeros días de gestión para revisar las finanzas y documentos dejados por la administración anterior.
En una entrevista en YouTube, Torres comentó sobre las diferentes anomalías descubiertas, entre las cuales destaca el caso de las empresas que estarían «amarradas al exalcalde». Según el edil, estas compañías presuntamente eludieron responsabilidades tributarias con la municipalidad.
«Como administración municipal somos respetuosos de la legalidad. Por eso, hoy pusimos a disposición de la Fiscalía General de la República la documentación sobre siete empresas que, presuntamente, habrían tratado de eludir las responsabilidades tributarias con la municipalidad de San Miguel», afirmó Alex Torres.
El pasado 8 de mayo, el alcalde del Partido Demócrata Cristiano (PDC) hizo públicas las supuestas irregularidades cometidas en el ahora distrito de San Miguel. Entre estas mencionó la renta de los baños municipales por $50 al mes, cuando estos generaban ingresos de $5,000 mensuales. Otros puntos bajo análisis de las nuevas autoridades incluyen la venta de puestos en los mercados, nichos en el cementerio municipal y la renta de parqueos, prácticas atribuidas a la administración del exalcalde Wilfredo Salgado.
En una publicación en Facebook, donde compartió la presentación de los documentos ante la FGR, Torres aseguró que «serán las autoridades las que determinen lo que ocurrió y si existen o no acciones que se desprendan de lo actuado durante los meses anteriores».
Esta denuncia se suma a una serie de medidas que buscan transparentar la gestión municipal y asegurar que las prácticas fiscales sean justas y legales. La administración de Torres se ha comprometido a seguir investigando cualquier irregularidad encontrada en los documentos y finanzas dejados por la administración anterior, con el objetivo de mantener la legalidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales.
