La investigación en torno al caso de la empresa Credicash continúa ampliando su alcance, luego de que la Fiscalía General de la República confirmara que ya ha recibido 8,654 denuncias de personas que aseguran haber sido afectadas por el presunto esquema de captación ilegal de fondos.
El fiscal general Rodolfo Delgado detalló que el flujo de afectados sigue en aumento, impulsado por la llegada constante de ciudadanos que buscan registrar sus casos ante la institución. Según explicó, cada denuncia atraviesa un proceso individual de análisis para comprobar los depósitos realizados, revisar la documentación presentada y establecer los montos que podrían ser restituidos.
Las autoridades también informaron que, dentro de la investigación, se han revisado más de 18,000 contratos vinculados a las operaciones de la empresa, lo que ha permitido ampliar el panorama sobre la estructura financiera bajo análisis.
Uno de los aspectos destacados por la Fiscalía es el incremento sostenido en la atención de usuarios: de entre 20 y 30 personas diarias al inicio del proceso, la cifra pasó actualmente a entre 300 y 400 denuncias por día, reflejando el crecimiento de la demanda de verificación de casos.
En paralelo, el Ministerio Público reportó la recuperación y resguardo de aproximadamente $38.5 millones, entre efectivo y fondos inmovilizados en cuentas bancarias asociadas a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal señalado en la investigación.
De acuerdo con la institución, estos recursos permanecen bajo administración estatal y forman parte del conjunto de bienes que podrían ser utilizados en futuras etapas del proceso de devolución a las personas que logren acreditar su afectación.
Como parte del cronograma anunciado, la Fiscalía informó que este martes comenzará el contacto con un primer grupo de 212 afectados, quienes darán inicio al procedimiento para la restitución de fondos. En esta fase inicial se contempla atender a quienes realizaron inversiones entre $1 y $5,000.
El caso fue intervenido el pasado 19 de marzo, cuando la Fiscalía ejecutó acciones que incluyeron la captura de Orellana Ayala, señalado por los delitos de defraudación a la economía pública bajo la modalidad de captación ilegal de fondos y lavado de dinero, además de la incautación de bienes vinculados a la operación.
Las autoridades han indicado que, en total, se habría movilizado cerca de $51 millones dentro del esquema investigado, el cual habría operado bajo un modelo similar a una estructura piramidal, donde los supuestos rendimientos eran cubiertos con aportes de nuevos inversionistas.
Entre las medidas patrimoniales se encuentran la inmovilización de 47 inmuebles a nombre del principal implicado, un inmueble registrado a favor de la sociedad Transporte Imperio Yajaira S.A. de C.V., y la retención de 175 vehículos relacionados con el caso.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha ampliado detalles sobre el estado actual del proceso penal contra Orellana Ayala ni ha confirmado información adicional sobre su situación de detención.
