El Ministerio de Hacienda ha habilitado una plataforma digital de acceso público donde se pueden consultar las declaraciones globales de activos y pasivos de funcionarios del Estado, en cumplimiento de la nueva Ley Anticorrupción y como parte de los compromisos asumidos por El Salvador ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La herramienta está disponible a través del portal de la Asamblea Legislativa, en el apartado “Consulta Activos y Pasivos”, donde cualquier ciudadano puede buscar información ingresando el nombre completo del funcionario, su cargo y la institución correspondiente. El sistema presenta montos agregados que incluyen no solo al funcionario, sino también a su grupo familiar directo, como cónyuge, conviviente e hijos. El acceso no requiere registro previo, lo que facilita la verificación ciudadana de la información patrimonial.
Entre los registros disponibles figura el presidente de la República, Nayib Bukele, quien reporta activos por más de 4.5 millones de dólares y obligaciones cercanas a los 94 mil dólares, lo que se traduce en un patrimonio superior a los 4.4 millones.
En el caso del ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, se detallan activos por aproximadamente 594 mil dólares frente a pasivos que superan los 385 mil dólares, resultando en un patrimonio estimado de poco más de 200 mil dólares.
También aparecen en el registro el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con activos superiores a 320 mil dólares; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, con un patrimonio calculado en alrededor de 148 mil dólares.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también figura con activos y pasivos declarados que reflejan su situación patrimonial global. En tanto, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos registrados y sin activos declarados en la plataforma, lo que arroja un saldo negativo en su balance patrimonial.
La publicación de esta información forma parte de las reformas derivadas de la Ley Anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa en febrero de 2025, la cual establece la obligatoriedad de presentar declaraciones patrimoniales anuales para funcionarios y su posterior publicación en un plazo determinado.
Este proceso también responde a los compromisos de gobernanza asumidos por el país en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, orientados a fortalecer los estándares de transparencia y control en la gestión pública.
En años anteriores, las declaraciones patrimoniales habían tenido distintos niveles de apertura, incluyendo periodos en los que fueron de acceso público; sin embargo, desde 2020 se aplicaron restricciones que limitaron su consulta, luego de resoluciones institucionales que las clasificaron como información reservada.
Con esta nueva etapa de divulgación, el país retoma la publicación de datos patrimoniales de altos funcionarios bajo un esquema digital de consulta ciudadana, en el marco de las nuevas disposiciones legales y los compromisos internacionales en materia de transparencia.
