El debate sobre la cadena perpetua en El Salvador entra en una nueva fase con la propuesta de reforma al Código Penal que permitiría a los jueces otorgar un régimen de “libertad controlada” a los condenados tras cumplir un determinado número de años de prisión. La medida busca equilibrar la justicia con la reinserción social, bajo estrictos controles y evaluaciones.
La reforma, impulsada por el Gobierno, se discute luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el martes con 59 votos un acuerdo para modificar el artículo 27 de la Constitución, levantando la prohibición de la cadena perpetua. Tras esta aprobación, los diputados analizarán un paquete legislativo que incluye modificaciones al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Especial contra el Terrorismo.
Según el proyecto de reforma al Código Penal, la libertad controlada aplicaría luego de revisar obligatoriamente las penas cumplidas: 25 años para menores de edad, 30 años para adultos condenados por un solo delito, 35 años en casos de dos o más delitos, y 40 años cuando el crimen se considere de extrema gravedad. Durante este régimen, se implementarían medidas de control para prevenir la reincidencia, y cualquier incumplimiento implicaría el retorno inmediato a prisión.
El proceso de revisión contempla dos pasos fundamentales: un pronóstico individualizado favorable de reinserción social, realizado por el juez competente, y un informe del Consejo Criminológico Regional que evalúe la evolución penitenciaria, la participación en programas de reinserción y el riesgo de reincidencia. Con base en estos elementos, el juez decidiría en audiencia si concede o no el beneficio. En caso de denegarse, la revisión se podría solicitar nuevamente después de cinco años.
Con esta iniciativa, la Asamblea Legislativa no solo levanta la prohibición constitucional de la cadena perpetua, sino que también establece un marco legal detallado para regular su aplicación, incorporando mecanismos de seguimiento y reinserción social que buscan equilibrar la justicia con la rehabilitación.
