El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este viernes una visita oficial al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño en 2023 como parte de su estrategia contra las pandillas. El recorrido tuvo como objetivo conocer de primera mano el modelo de seguridad implementado por El Salvador y analizar su posible adaptación al contexto chileno.
La visita se llevó a cabo en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, y contó con la participación de la futura ministra de Seguridad de Chile, la exfiscal Trinidad Steinert. Durante su estancia, Steinert tenía previsto sostener un encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias en materia de seguridad y control del crimen organizado.
De acuerdo con información difundida por Casa Presidencial de El Salvador, el mandatario electo chileno busca “conocer de primera mano nuestro modelo de seguridad y evaluar la adaptación y aplicación a la realidad que vive Chile”. La institución también destacó la disposición del gobierno salvadoreño para cooperar con las autoridades del país sudamericano. “Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros hermanos chilenos”, publicó Casa Presidencial en redes sociales.
Kast arribó a El Salvador la noche del jueves y fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, en el marco de una visita que ha generado atención internacional debido a la política de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El modelo salvadoreño se sustenta, principalmente, en el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, el cual ha sido prorrogado en 47 ocasiones por la Asamblea Legislativa. Bajo esta medida, las autoridades reportan la captura de aproximadamente 91,000 personas señaladas como presuntos pandilleros o colaboradores de estructuras criminales, según cifras oficiales.
Además del régimen de excepción, el gobierno ha promovido reformas al Código Penal y a la Ley contra el Crimen Organizado, que permiten procesar a los imputados por pertenencia a estructuras criminales y endurecer las penas, especialmente para cabecillas. Estas reformas también han ampliado el plazo para que la Fiscalía General de la República presente acusaciones formales ante los tribunales especializados.
El régimen de excepción implica la suspensión temporal de derechos constitucionales establecidos en los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución de la República, relacionados con las garantías procesales de las personas detenidas, los plazos de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, salvo autorización judicial.
El gobierno salvadoreño ha reconocido públicamente la existencia de un “margen de error” en las capturas realizadas durante la vigencia de la medida. Por su parte, organizaciones sociales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal han documentado más de 6,500 denuncias por presuntas detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos, así como más de 400 muertes de personas privadas de libertad bajo custodia estatal.
En este contexto, la visita de José Antonio Kast al Cecot se produce en medio de un debate regional sobre los alcances, resultados y cuestionamientos del modelo de seguridad salvadoreño, que ha sido observado con interés por algunos gobiernos y con preocupación por organismos defensores de derechos humanos.
