El Salvador registra un avance histórico en su lucha contra el crimen organizado transnacional, al ubicarse en el puesto 77 del Índice Mundial de Crimen Organizado 2025, según el último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Esta mejora representa un salto de 25 posiciones con respecto a 2023, cuando el país se encontraba en el puesto 52, acercándolo a los países mejor calificados en la región.
El reporte, respaldado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa ENACT de la Unión Europea y el Gobierno de Noruega, evalúa a las naciones según su exposición al crimen organizado, ordenando los resultados del peor al mejor desempeño. Desde su lanzamiento en 2021, el índice ha mostrado un seguimiento de la evolución de cada país, y El Salvador ha logrado destacar gracias a políticas de seguridad implementadas desde 2022.
El estudio señala que las medidas gubernamentales han impactado directamente a las economías criminales locales. La ofensiva contra pandillas ha reducido el control de estos grupos en los barrios, lo que se traduce en una disminución de la extorsión. Comercios y empresas de transporte reportan ahorros significativos al eliminar los pagos obligatorios a las pandillas.
Además, el informe indica que el contrabando de cigarrillos, tradicionalmente usado por estructuras como la MS-13 para financiar sus operaciones, ha disminuido en el país, trasladando estas actividades ilícitas a Guatemala y Honduras. Las redes criminales relacionadas con el comercio de drogas, cannabis y otros ilícitos también han visto afectada su operatividad, reflejando una tendencia sostenida de reducción del crimen organizado.
“El fortalecimiento de la seguridad ha marcado un cambio en la percepción internacional sobre El Salvador, mostrando que las medidas adoptadas generan resultados tangibles en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la economía formal”, concluye el informe.
Con este logro, El Salvador se consolida como un referente regional en la lucha contra el crimen organizado, evidenciando que las políticas de seguridad estratégicas pueden transformar la dinámica de violencia y delincuencia en el país.
