El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó este martes una serie de condenas que marcan un nuevo capítulo en los procesos judiciales contra políticos y figuras públicas vinculadas a negociaciones con pandillas durante los comicios de 2014 y 2015. Entre los sentenciados se encuentran el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, exfuncionarios del FMLN y el comunicador Paolo Lüers.
Muyshondt fue condenado a 18 años de cárcel, tras ser hallado culpable de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Por los mismos delitos, el tribunal impuso 28 años de prisión al exministro de Seguridad, Benito Lara, y al exministro de Gobernación, Arístides Valencia. En el caso de Lüers, la pena fue de 18 años, mientras que Wilson Alvarado recibió la misma condena.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que los acusados ofrecieron dinero y beneficios a líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 a cambio de votos y apoyo territorial. De acuerdo con un testigo criteriado identificado como “Noé”, Muyshondt entregó hasta $138,000 a las estructuras criminales. Aunque el exedil reconoció reuniones con pandilleros en nombre de ARENA, negó haber entregado fondos o cerrado pactos formales.
El tribunal desestimó esa versión y señaló que el propio Muyshondt aceptó haber participado en siete reuniones con pandilleros, lo que, según los jueces, desmiente cualquier alegato de desconocimiento. Los magistrados calificaron de “absurdo” creer que los acusados asistieran a encuentros sin advertir la identidad criminal de sus interlocutores.
Las investigaciones revelaron que dirigentes de los partidos ARENA y FMLN participaron en al menos 17 reuniones con cabecillas de pandillas en busca de respaldo para elecciones presidenciales y municipales. Según las pruebas presentadas, los ofrecimientos incluyeron proyectos comunitarios, reducción de operativos policiales, beneficios laborales y promesas de reinserción a cambio de votos y control social en comunidades.
Los jueces concluyeron que tales acciones constituyen no solo fraude electoral, sino también la integración a agrupaciones ilícitas, al haber pactado con estructuras criminales para influir en la voluntad popular. “No les importó negociar con terroristas que causaron terror en nuestro país”, señaló el tribunal durante la lectura de la sentencia.
Este fallo se inscribe en una serie de procesos judiciales que buscan esclarecer y sancionar los acuerdos políticos con pandillas en El Salvador, un fenómeno que durante años generó polémica por su impacto en la seguridad y la legitimidad democrática del país.
