La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) comunicó que se ha visto forzada a poner fin a los proyectos financiados con cooperación internacional tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa aprobada por la Asamblea Legislativa en mayo pasado.
En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la gremial aseguró que la legislación impone “condiciones asfixiantes, arbitrarias e ilegales” que limitan su labor, lo que ha derivado en la suspensión, liquidación y cierre de programas respaldados por fondos externos durante los últimos tres meses. La institución también confirmó el cierre de sus oficinas en Santa Elena, aunque continuará atendiendo denuncias y registros de agresiones contra periodistas.
La APES señaló, además, que desde hace un año espera la entrega de credenciales oficiales de su junta directiva por parte del Ministerio de Gobernación, sin obtener respuesta. A su juicio, esta omisión se enmarca en un proceso de cierre del espacio cívico en el país y en el uso discrecional del Registro de Agentes Extranjeros, al que considera diseñado para limitar y controlar organizaciones independientes.
La ley, vigente desde el 7 de junio, exige a personas y entidades que reciben fondos extranjeros inscribirse en un registro especial, reportar actividades y financiamiento, además de pagar un impuesto del 30 % cuando se trate de acciones catalogadas como “políticas”. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido que esta normativa representa un retroceso para la libertad de expresión y la democracia en El Salvador.
