El partido Nuevas Ideas ha solicitado a la Asamblea Legislativa la ratificación de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, con el propósito de eliminar la deuda política en El Salvador. La petición ha sido enviada a estudio de la Comisión Política del órgano legislativo, que analizará el tema en su reunión del próximo martes a las 10:00 de la mañana.
De concretarse la ratificación, la Asamblea Legislativa podría completar el proceso de eliminación del financiamiento público a los partidos políticos en la sesión plenaria del miércoles siguiente.
La eliminación del artículo 210 fue aprobada el pasado 12 de febrero en la plenaria ordinaria número 43, con los votos de los diputados de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La reforma suprime el mecanismo de financiamiento estatal que recibían las agrupaciones políticas con base en la cantidad de votos obtenidos en elecciones presidenciales, legislativas, parlamentarias y municipales.
Este cambio constitucional se hizo posible tras la reforma del artículo 248 de la Constitución, aprobada el 29 de enero de este año, la cual eliminó el requisito de aprobación en dos legislaturas distintas para modificar la Carta Magna. Con esta modificación, una sola legislatura puede reformar cualquier artículo constitucional con una votación de al menos 45 diputados.
El acuerdo de eliminación del artículo 210 fue publicado en el Diario Oficial el mismo 12 de febrero, lo que deja la ratificación como el último paso en el proceso legislativo.
Impacto financiero y consideraciones legales
El diputado Francisco Lira, de ARENA, advirtió que, aunque el oficialismo cuenta con los votos para ratificar la reforma, aún es necesario revisar las leyes secundarias que regulan la deuda política, en particular la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral. “Lo que sí hay que tener claro son las leyes secundarias, en este caso, la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral”, señaló Lira.
Entre 2014 y 2023, los partidos políticos en El Salvador recibieron un total de $160.4 millones en financiamiento público y privado, según un informe de Acción Ciudadana. De este monto, $75.6 millones provinieron de la deuda pública y $84.7 millones de donaciones privadas.
Durante la campaña presidencial de 2019, los partidos políticos recibieron financiamiento tanto estatal como privado. En ese período, el Estado erogó al menos $7.3 millones en concepto de deuda política. Entre los beneficiarios destacaron GANA, que recibió $7.1 millones; Vamos, con $109,005.75; el PDC, con $43,149.75; y el PSD, con $71,328.69.
Para 2024, el Ministerio de Hacienda había presupuestado $38 millones para deuda política y desembolsado $14 millones. Sin embargo, aún no se ha divulgado el detalle de su distribución.
La eliminación de la deuda política representa un cambio significativo en el sistema de financiamiento electoral de El Salvador, eliminando una fuente clave de recursos para los partidos políticos y modificando el panorama de futuras contiendas electorales.
