Por orden de funcionarios dentro del sistema de protección judicial en países como Colombia, Argentina o Brasil decenas de mujeres han perdido las custodias de sus hijos después de alertar sobre abuso sexual infantil dentro del hogar o por parte de sus exparejas,
Algunos jueces, comisarios y defensores de familia optan por entregar a los hijos al presunto abusador sexual, en su mayoría progenitores, como «castigo” por, supuestamente, lavarles el cerebro a sus hijos con mentiras, dice un grupo de madres. Varias mujeres han denunciado estas vulneraciones a sus derechos y los de sus hijos ante los entes de control de sus países, sin mayores respuestas.
«Mi hija de 10 años, vive hace dos meses con su presunto abusador sexual por orden de una jueza de Familia de Bogotá, y en el momento de la entrega forzada fue maltratada física y psicológicamente en un centro zonal de atención a la infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La defensora de Familia la jaló de los brazos y la retuvo con fuerza ante la negativa de la niña de irse con él, y esto le generó una crisis emocional y de ansiedad”, dice a DW una de las madres que denuncia violencia institucional y de género.
Le dejaron laceraciones en uno de sus brazos y pecho, en la institución que supuestamente protege los derechos de la infancia, enfatiza la progenitora.
Le pedimos a la defensora de Familia involucrada en ese caso comentarios al respecto, a lo cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que sobre estos casos se guarda reserva para no revictimizar a los menores de edad, y que respetan la institucionalidad. Y confían en que las decisiones de los jueces siempre derivan de un proceso exhaustivo y responden de manera objetiva a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
