La Asamblea Legislativa aprobó este lunes, con 57 votos a favor, la incorporación de $359,930,000 al Presupuesto General de la Nación 2025, con el objetivo de garantizar la operatividad y continuidad de programas fundamentales en 15 instituciones del Sector Público No Financiero. La reforma responde a que durante el desarrollo del ejercicio fiscal, diversas entidades enfrentaron requerimientos adicionales de funcionamiento que no estaban contemplados en la asignación aprobada en diciembre de 2024, por lo que estos recursos permitirán a cada institución cumplir con las metas y compromisos establecidos para este año.
El Ministerio de Educación recibirá $116 millones, mientras que Seguridad Pública dispondrá de $48,5 millones y el Ministerio de Defensa contará con $37,47 millones para fortalecer sus operaciones. El Ministerio de Salud obtendrá $38,73 millones y Gobernación recibirá $16,1 millones. Por su parte, el Ministerio de Trabajo contará con $1,1 millones, el Ministerio de Cultura con $3,8 millones y el Ministerio de Agricultura dispondrá de $20 millones para cubrir sus necesidades y garantizar la continuidad de sus programas.
Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas recibirá $57,5 millones, mientras que el Ministerio de Turismo contará con $4,13 millones. Entre las instituciones del sector justicia y electoral, el Tribunal Supremo Electoral dispondrá de $0,7 millones, Relaciones Exteriores de $2,5 millones, la Fiscalía General de $11,4 millones, la Procuraduría General de la República de $1,3 millones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de $0,7 millones.
Del total de los fondos incorporados, $209,930,000 provienen de excedentes tributarios acumulados hasta octubre de 2025, derivados del Plan Antievasión, el avance de la factura electrónica y un mayor dinamismo económico. El complemento de $150 millones será cubierto mediante endeudamiento interno a través de la colocación de títulos valores autorizados por la Asamblea Legislativa en ejercicios anteriores. Con esta medida, el Gobierno busca asegurar que las instituciones puedan continuar con sus programas estratégicos y cumplir con sus objetivos durante el año fiscal en curso.
